La necesaria propuesta de ajuste fiscal que presentó el gobierno que se va y que no hizo durante su administración fue presentada a través del informe de la comisión asesora interinstitucional conocido como regla fiscal para Colombia RFC. La iniciativa es avalada por el gobierno entrante y se presenta principalmente por el hecho de que en el país se presenta una gran producción petrolera anticipando los estimativos tanto de explotación como de reservas; además de otros prósperos sectores mineros como el carbón y el oro. La RFC busca el “uso apropiado a los ingresos extraordinarios” que resultarán de estos proyectos y particularmente el del boom del oro negro.
Por eso y teniendo en cuenta la importancia que el departamento del Meta actualmente representa en la producción petrolera del país con cerca del 42% del total; es necesario propiciar una discusión amplia con la participación de diferentes estamentos que permita consolidar una propuesta de carácter regional que defienda los intereses locales al momento de iniciar los debates en el Congreso de la Republica porque se anuncia desde ya “una profunda reforma a la ley de regalías” debido a que su aumento “exige una correcta administración” y porque el modelo actual es profundamente “inequitativo” y bastante rentable para las finanzas locales.
Frente a esta realidad de regla fiscal y boom petrolero las primeras manifestaciones de los políticos de la comarca fueron por un lado la de tomar partido sin aportar elementos de discusión (uno de ellos hablando a nombre de los habitantes del Meta dijo que la propuesta de un fondo de ahorro con una “pequeña parte” de las regalías era compartida por todos) otro en campaña dijo que lo importante era conseguir participación en la junta directiva de Ecopetrol y la prensa registra que la administración departamental lidera un bloque para impedir “el recorte”.
Como lo concreto es que la propuesta no ha sido publicada aún (el documento se presentará el próximo 20 de julio) resulta insólito e irresponsable que ya se hable de porcentajes, recortes o exigencias de cargos burocráticos, sobre algo que no se conoce. Al respecto considero necesario hacer algunas reflexiones y preguntas que contribuyan a perfilar una iniciativa desde una perspectiva territorial y que surgen a partir de la revisión del documento RFC y de los anteriores intentos por crear un ahorro con las regalías:
1- Lo primero que se debe reconocer antes de andar prevenidos y con argumentos de poco vigor y provinciales es que se debe reflexionar por el incorrecto manejo de estos recursos, a pesar de lo voluminosas que han sido particularmente durante los últimos 8 años los escándalos por corrupción son una realidad inocultable y dolorosa hasta el punto que tres exgobernadores están siendo investigados por malos manejos, existen ordenes de captura, encarcelados y si se quiere hasta cuerpos en el cementerio sin que los resultados hayan permitido mejorar las condiciones de vida de los pobladores del Meta
2- El escenario se debe aprovechar justamente para discutir por la eficacia, la equidad y la eficiencia en la inversión. El modelo actual realmente está desactualizado y es altamente inconveniente por su inflexibilidad, permisividad a la corrupción y poco impacto.
3- Las entidades territoriales en los tres últimos lustros han equilibrado y saneado sus finanzas al mismo tiempo que el marco institucional les restringe el crecimiento del gasto; mientras que el gobierno nacional presenta un endeudamiento alto que constituye cerca del 87% de la deuda pública total.
4- La propuesta busca “estabilizar la deuda publica en el mediano plazo” y el resurgimiento del fondo de ahorro y estabilización petrolera se constituye en uno de sus mecanismos ideales. Es decir garantizar parte del equilibrio macroeconómico de la nación a partir del ahorro forzoso de ingresos regionales como las regalías; el centro se endeuda y las regiones pagan. Entonces ¿porqué se afirma que la cobertura será del gobierno nacional exclusivamente?.
5- ¿Si es cierto que el gobierno central recibe presiones por parte de las entidades territoriales frente al gasto de su presupuesto?. entonces la RFC se puede entender ¿como un cobro de cuentas en aras del orden macroeconómico?.
6- ¿No sería mejor revisar de una vez por todas las funciones del orden territorial y dar paso al aplazado reordenamiento. En mi criterio en casos como el del Meta y de de otros departamentos mineros que reciben cuantiosos ingresos por concepto de regalías el arreglo institucional es bastante flexible y poco exigente para los departamentos mientras es asfixiante e inflexible para los municipios. Es decir entidades con pocas responsabilidades y muchos recursos para invertir frente a entidades con muchas responsabilidades y pocos recursos.
7- Sí el desequilibrio fiscal es producto del desbordamiento del gobierno nacional ¿el ahorro que se busca también implica ahorro del fondo nacional de regalías (regalías indirectas)?. ¿Cómo pretende el nuevo gobierno ahorrar si ha dicho que un 10% de las regalías indirectas son para educación y tecnología?
8- El ahorro en épocas de bonanza es necesario, eso no se discute lo importante es revisar las condiciones en que se pacten y la participación de las entidades territoriales en su administración. Se puede establecer un escalonamiento en el ahorro; no todos deben ahorrar igual y además se debe contemplar de acuerdo con las perspectivas de producción que otras no lo hagan, para estos es necesario un estudio previo. En todo caso la incapacidad de nuestros gobernantes y su amplia seducción por el cemento, la arena y la varilla que contrasta con su negación para la inversión en ciencia, tecnología e investigación y cultura exige en casos como los de entidades con cuantiosos ingresos que el ahorro además de ser forzoso sea bastante importante, en el futuro las próximas generaciones y administradores tendrán mejores criterios de inversión.
9- Si se pretende bajar la participación de las regiones productoras en las regalías vía reducción de la base de liquidación como ocurrió con la ley 141 de 1994 o nuevo escalonamiento o lo que es peor vía ingresos (como en el intento anterior) el objetivo no es corregir la mala administración de estos recursos; sino simplemente resolver un problema macro; porqué no pensar entonces que en lugar de bajar la base de liquidación se suba para que la participación del gobierno nacional aumente, esto implicaría que el sector privado también aporta.
10- Ahora bien resumiendo considero que para enfrentar el mal uso, es necesario revisar al menos los siguientes aspectos:
• Sectores sociales a invertir, ¿es justo invertir en subsidios de salud con un sistema corrupto y lleno de tramitadores por que no mejor volver al la demanda.
• Porcentajes de obligatoria inversión, el 60% para los departamentos y 75% para los municipios ha demostrado que no ha resuelto los problemas sectoriales, porque no mejor obligar a los departamentos y municipios para que en cuatro años de administración inviertan todo en dos o tres sectores exclusivamente, se priorice el gasto y se vean resultados y luego una junta de técnica con participación territorial decida que hacer para el siguiente periodo.
• Distribución y participación según escalonamiento. La ley 141 bajó la participación de la entidades territoriales en las regalías, que antes eran del 20% luego se escalonaron, a pesar de esto, unos pocos municipios dentro de los departamentos se convirtieron en verdaderos ricos en medio de municipios con extrema pobreza. Esto indica que es necesario revisar la participación y permitir el escalonamiento al interior de los departamentos entre los municipios y a partir de bajar el calculo de producción. Evitar al interior de los departamentos la creación de pequeños Kuwait o municipios que ya no saben que hacer con los recursos
• Porcentajes de cobertura mínimas, este aspecto está relacionado con el de inversión sectorial, se hacen exigencias que incluso están por fuera de la media nacional, si esto es así con mayor razón es más eficaz reducir el campo de inversión para ver resultados en el corto y mediano plazo. Además la preocupación central del actual modelo es la cobertura sin tocar el problema de calidad.
• Impedimentos en gasto de funcionamiento. La inflexibilidad para realizar gastos en docencia y servicios médicos hace que en muchos casos sea imposible con la sola financiación de costos académicos y útiles resolver el problema de cobertura.
• Inflexibilidad del la inversión según logros parciales. El Sistema no flexibiliza el porcentaje de inversión para las entidades si actualmente tiene resuelto algún sector, se debería estimular por ejemplo permitiendo la liberación de recursos sectoriales o de un porcentaje si piensa ahorrar. Pero también se debe impedir la atomización del gasto y exigir inversión en proyectos de impacto y menos sectores.
• Exigencia de inversión de proyectos que resuelvan problemas de coberturas. Actualmente los análisis de los órganos de control e interventoría no exigen que los proyectos de inversión se realicen para resolver radicalmente los problemas sectoriales, en muchos casos los gastos mantienen coberturas pero en el mediano plazo no resuelven nada.
• Obligación de inversión en ciencia, tecnología educación media y universitaria. Está demostrado que sólo quien invierte en estos aspectos logra un verdadero desarrollo, lo demás es obras de cemento para el beneficio de los más privilegiados o visitantes de la comarca.
• Legislación especial para la aplicación de recursos cuyos giros son trimestrales. El modelo actual es inoperante además porque el sistema de giros no es inmediato y en muchos casos las entidades territoriales debido a esto no logran tampoco avanzar en la gestión
• Rendición de cuentas semestralizadas y en línea. Se debe obligar previo modelo que realicen los órganos de control con la participación de Planeación Nacional, la presentación semestral de la inversión y contratación por parte de las entidades territoriales mediante su publicación en las paginas web.
• Exigir de la misma manera a la Procuraduría General de la Nación a la Contraloría General de la República y al Departamento Nacional de Planeación pronunciamientos semestrales inmediatos al de las entidades territoriales para que la ciudadanía pueda tener elementos de juicio sobre la gestión.
Las vergonzosas inversiones en patrimonios autónomos, la compra de un local viejo y la construcción de obras como la falsa fachada de la gobernación son apenas un par de perlas sobre lo que no se debe hacer con regalías y de lo que se ha hecho y dejado de hacer. De nada nos sirve que la ley garantice un ahorro si en las regiones se sigue administrando mal.
jdiazusaquen@yahoo.es
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